El requirente alega que la tasación aplicada es injusta y vulnera su garantía constitucional de igualdad ante la ley y propiedad.
La ley 24.430 no contiene disposición alguna que obligue a los extranjeros que ingresan clandestinamente al país a efectuar una autodenuncia como condición previa a su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.
Además, se incluye este derecho dentro de los derechos y garantías tutelados por el Recurso de Protección.
Si en el formulario de adhesión a una AFP se utilizan afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre, voluntaria y sin presiones», u otras similares, no libran a las AFP de su obligación de brindar información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado.
Esto, en virtud del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que corresponde continuar con la ejecución de las cuotas que tienen vencimiento inferior al año y las futuras en aplicación de la cláusula de aceleración.
La acción no puede prosperar por falta de preparación, sin que pueda estimarse entonces que lo argüido en el recurso de nulidad sirva para suplir tal olvido.
El Instituto de Salud Pública es quien se encuentra en mejor posición para responder aquella solicitud por sus funciones técnicas.
El efecto acumulativo de los errores afecta materialmente la decisión impugnada. La orden de reparación fue dictada sin tener una estimación concreta sobre uno de sus parámetros fundamentales, a saber, el número de víctimas cuyo daño pretendía reparar. Tampoco se desprende de la orden de reparación cómo se llegó a la indemnización monetaria de 30 millones de USD y, por lo tanto, si el monto es capaz de reparar los daños sufridos por las víctimas.
El máximo Tribunal compartió la interpretación plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primera instancia que ordenó a la casa de estudios a pagar el recargo de la indemnización por años de servicios y a la restitución del monto descontado del aporte al fondo de cesantía del demandante.
El informe señala que ninguna ventaja supondría, entonces, que para las reclamaciones FOGAPE en contra de actos de la CMF se conociera bajo un procedimiento distinto a aquel general que procede en contra de sus actos.
