El máximo Tribunal confirmó que los hechos descritos por los recurrentes y las peticiones que se formularon exceden las materias que deben ser conocidas en sede cautelar de emergencia.
La imparcialidad del tribunal es una garantía del debido proceso, por lo que la Oficina de Gestión Judicial deberá efectuar el sorteo pertinente entre todos los demás jueces no inhabilitados,.
El imputado fue observado en el asiento del conductor de un vehículo realizando un intercambio de objetos con su copiloto, quien al bajar del vehículo se acercó a los agentes para ofrecerles papelillos de pasta base, circunstancia que, apreciada en contexto, permitió efectuar el control de identidad a ambos individuos debido a la flagrancia del ilícito.
Se configura la causal de reserva de información contenida en el artículo 21, N°1, letra B), de la Ley 20.285, que permite negar antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política como es este caso.
Según el fallo, la compañía no tomó en cuenta los riesgos a los derechos y libertades de millones de usuarios afectados. Si bien esta es la multa más alta impuesta a Meta por este tipo de incumplimientos, no ha sido la primera, pues en los últimos años ha sido sancionada en al menos cuatro ocasiones.
El Ministerio Público debió explicitar en forma obligatoria la relación sucinta del hecho que se le atribuye al imputado, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes, por lo que aquel debió ser absuelto.
El denunciado intentó revertir la sanción mediante un recurso de queja que fue desestimado por el máximo Tribunal al considerar que los ministros recurridos interpretaron correctamente las normas respectivas, rebajando incluso en un gran porcentaje la multa originalmente impuesta por el Juzgado de Policía Local de Ranco.
Existía la posibilidad de que se hubiera caído en su casa, o en cualquier otro lugar y que sabedor de ese desperfecto en la calle, fabricase un escenario artificiosamente y guiado por un ánimo de lucro tan perverso como ilícito recabando el auxilio policial y de los servicios de ambulancia, con vistas a la ulterior reclamación. Sin embargo, desechamos esa hipótesis por su colisión con la lógica y la razón.
El artículo 55 letras Ñ y O de la propia ley, establecen un procedimiento administrativo ante SERNAPESCA para sancionar a quienes excedan la cuota permitida de extracción de recursos hidrobiológicos, por lo que es correcta la decisión de la magistratura civil de declararse incompetente.
Si la factura no es objetada dentro del término de ocho días caduca el derecho para reclamar de su contenido, o de la falta de prestación del servicio o entrega de las mercaderías.
