El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3, 21 y 22.
La gestión pendiente incide en autos de sobre relación directa y regular, seguida ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de hecho.
La gestión pendiente incide en autos de tutela laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, actualmente en conocimiento de la Corte de Santiago por recurso de nulidad.
Corte de Rancagua señaló que con esta medida se afecta la integridad psíquica de la recurrente y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Corte de Concepción señaló que no es posible distinguir vulneraciones a los recurrentes que ya se encuentran al resguardo de su integridad en el marco del sistema procesal penal.
El ente contralor adujo que aplica para la equivalencia de los grados y jerarquía entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, entre ellas, la de Teniente Coronel del Ejército, Capitán de Fragata en la Armada y Comandante de Grupo en la Fuerza Aérea.
El ente contralor adujo que respecto de la involucrada se configuró la inhabilidad de ingreso a la Municipalidad de Hualaihué a que se refiere el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575.
El ente contralor ordenó que carabineros deberá adoptar, a la brevedad, las medidas tendientes a afinar el sumario ordenado en contra del interesado, informando de ello al solicitante y a esta Contraloría General en el plazo de 30 días contado desde la recepción del presente oficio.
El ente contralor adujo que los educadores diferenciales tienen derecho a percibir el anotado bono solo por concepto de título, no procediendo, por sus especializaciones, el pago del complemento por mención del mismo, por cuanto la educación diferencial constituye una modalidad del sistema educativo que se desarrolla de manera transversal a través de sus distintos niveles, de forma tal que no es posible adscribirla a ninguno de ellos en particular.
El magistrado Pablo Llarena, dio el 19 de diciembre un plazo de 5 días a las defensas del ex Presidente de la Generalidad de Cataluna, Carles Puigdemont y, al ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, Antoni Comín, para que formulasen las alegaciones que convengan tras la sentencia dictada por el TJUE.
