Reclamo de ilegalidad municipal sólo procede en contra de actos decisorios y de aquellos actos trámite que produzcan determinados efectos, esto es, que pongan fin al procedimiento o produzcan indefensión.
El Decreto Alcaldicio impugnado configura un acto trámite que no causa ninguno de los dos efectos mencionados por lo que no es impugnable a través de ese contencioso administrativo.