La iniciativa busca entregar aporte pecuniario único a víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Lo reclamado no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición.
La recurrente adujo haberse vulnerado la igualdad ante la ley, toda vez que la resolución recurrida adolece de fundamentación fáctica y jurídica.
El empleador tiene la obligación de descontar de las remuneraciones del trabajador las sumas por créditos sociales adeudados a las cajas de compensación.
La Corte de Santiago concluyó en su oportunidad que el acto recurrido no aparece como arbitrario ni ilegal.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, seguidos ante el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en actual conocimiento de la Corte de Punta Arenas.
El dictamen concluye que la Contraloría General carece de competencia para la revisión de la tabla de viáticos que impugna el requirente.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de Valdivia.
El recurrente adujo haberse vulnerado la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El defensor del pueblo catalán pide a la Delegación del Gobierno que interrumpa esta práctica.
