La acción destinada a declarar la filiación entre los demandantes y el causante, se incluye dentro del término “recurso judicial” del artículo 2503 del Código Civil, por lo tanto, su interposición es necesaria para alegar el derecho a herencia del que fueron privados arbitrariamente los actores por la parte demandada.

La identificación del acusado pudo obtenerse mediante el cotejo de la IP correspondiente a la conexión a internet del dispositivo desde el que se enviaron los correos electrónicos.

Los contratos firmados por la administración gozan de presunción de legalidad, por lo que ésta no puede convalidar libremente la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, pues, de hacerlo, se gravaría en forma desigual al ente público.

La República de Colombia solicitó la extradición de un ciudadano venezolano avecindado en Chile, para ser investigado por su presunta participación en un delito de femicidio agravado cometido el 2020 en la localidad de Caldas.

Impulsó contratos fraudulentos con empresas estatales y utilizó sus influencias políticas para favorecer a sus cercanos, por lo que recibió millonarios pagos a cambio de estas ayudas. Si bien fue el primer presidente democráticamente electo tras el gobierno militar, fue obligado a dimitir en 1992 tras una serie de escándalos por corrupción.

Al no cumplir con el mandato expreso de los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, la magistratura vulneró el debido proceso del imputado al privarlo de conocer los fundamentos de la condena, así como de la posibilidad de ejercer oportunamente su derecho al recurso.

El documento elaborado por la Defensoría de la Niñez surge a partir de una revisión de diversos antecedentes documentales, experiencia de casos, entrevistas a especialistas y a representantes de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y sobrevivientes.

Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.

La Comisión Evaluadora erró al asignar la puntuación otorgada a la adjudicataria al reconocerle experiencia durante un periodo en que dicha entidad no efectuó exámenes.

El astillero puede ser multado con más de $700 millones de pesos.