El máximo Tribunal acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario e infundado de la Universidad de La Serena, ordenando restituir al recurrente en su cargo y la entrega de la totalidad de las remuneraciones retenidas.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de amparo, seguido ante la Corte de Santiago, en los que la requirente presentó dicho recurso en contra de Gendarmería de Chile, al no ser postulado a la libertad condicional.

Esto, a propósito de solicitud del diputado Leonidas Romero Sáez, a través de la cual requiere que se determine si procede lo señalado, cuando estos instrumentos no se están ejecutando por decisión de la autoridad debido a la pandemia por COVID-19 que afecta al país.

La reforma constitucional vuelve a reafirmar la escasa voluntad política de respetar nuestra institucionalidad al proceder vía reformas a la Constitución.

El máximo Tribunal argentino adujo que es enteramente aplicable la exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que los fallos cuenten con argumentos consistentes y racionalmente sostenibles, al encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las partes.

La Magistratura Constitucional destaca que el discurso de odio e incitación a la violencia nada tienen que ver con el negacionismo.

En respuesta al segundo retiro que se encuentra en tramitación.

Esto, a propósito de reclamo de un particular en contra de la DIPRES ya que para ingresar al “Registro de Expertos en Evaluación de Programas e Instituciones Públicas” establecido por ese servicio, se exigen requisitos que, a su juicio, constituyen una barrera de entrada para los postulantes.

Las medidas se sustentan en diversas denuncias realizadas por organismos sectoriales y ciudadanas, las que alertaron a la SMA del derrame de lodos, ocurrido la madrugada del 29 de octubre, incidente que no fue reportado de manera oportuna a las plataformas de la SMA.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que acogió la acción constitucional.