El Tribunal acogió la acción judicial y ordenó a la demandada restituir el terreno en las condiciones pactadas en el contrato, retirando escombros y rellenando el suelo intervenido con una capa de material vegetal de un metro.
Este principio, que tiene su origen en el derecho romano, es plenamente aplicable cuando de manera sobrevenida cambian de forma esencial las circunstancias del contrato inicialmente previstas, facultando a cada una de las partes a desistir de su cumplimiento.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó en su sentencia que, el acto impugnado no es arbitrario ni ilegal.
La Corte de Apelaciones de Talca indicó que la cuestionada Resolución N° 116 se encontró debidamente fundada.
Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3, 4 y 24.
La Corte de Concepción indicó que, no se apreció que se haya incurrido en un acto calificable de arbitrario o ilegal por parte de la recurrida.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz y de la Ministra Ángela Vivanco.
El máximo Tribunal ibérico acogió el recurso de casación y condenó también al fabricante del vehículo a pagar a la demandante la indemnización de 500 euros, de forma solidaria con el concesionario.
El objetivo principal del proyecto ingresado es que el padre pueda participar activamente de los cuidados de sus hijos.
Esto, a propósito del reclamo de funcionaria solicitando que se le reconozca ese derecho por contar con título profesional de Ingeniero de Ejecución en Administración Pública, conferido por el instituto profesional Valle Central.
