La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Aránguiz, quienes estuvieron por confirmar el fallo en alzada en virtud de sus propios fundamentos.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Brahm y Letelier.
Se aduce que la interpretación de la RCA excede las competencias de la Dirección Ejecutiva del SEA, pues fija el alcance y sentido de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.
La decisión fue acordada con la disidencia parcial del Ministro Rosenkrantz.
Las requirentes estiman que los preceptos impugnados infringirían el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Charmain Mohamed, director de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes del organismo, arguye que aunque el Pacto contiene algunas sugerencias positivas sobre cómo hacer realidad el reparto de la responsabilidad, no está claro a su juicio si existe la voluntad política para llevarlas a la práctica.
Fotis Filippou, director de Campañas del organismo para Europa, sostiene que en lugar de introducir nuevas políticas centradas en la contención y de delegar el control de las fronteras, nuestros líderes deben ofrecer vías para que las personas refugiadas y migrantes crucen las fronteras sin riesgos.
El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años.
La Administración vulneró derechos fundamentales de la recurrente, concretamente sus derechos a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva, y ello por no asumir la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial.
