La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.

La diferencia radica en que los primeros tienen el carácter de irrenunciables.

De lo contrario, los municipios se encuentran impedidos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para mantener su explotación.

Se busca limitar la actuación en materia de distribución de utilidades de tales sociedades, atendido el tipo de cotización de seguridad social que administran.

Es necesario reconocer a la partería como un saber ancestral que constituye un patrimonio inmaterial que se transforma en una expresión cultural y étnica de cada comunidad.

El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.

En la última sesión de la instancia se escuchó a la Dirección General de Concesiones del MOP que expuso sobre la situación actual de las carreteras en el país y las alternativas que se están manejando para enfrentar la situación.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó a la empresa pagar $300.000 por concepto daño emergente, y $5.000.000 por daño moral a la parte demandante.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta, dictada por el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que rechazó el proyecto presentado por la empresa DayaCann SpA, por falta de fundamento.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del banco recurrido al no adoptar las medidas de detección y resguardo que evitaran el fraude.