El recurrente dedujo el recurso de nulidad sustancial en contra de la resolución que tuvo por desistido un recurso de casación en el fondo que previamente había interpuesto por no consignar el monto de las compulsas.

Los Estados deben aplicar un enfoque diferenciado en la atención de las necesidades especiales de los distintos grupos poblacionales privados de libertad para asegurar una ejecución de la pena respetuosa de su dignidad humana.

Hay antecedentes suficientes que dan cuenta de un vicio en el proceso, que tiene la virtud de amenazar la garantía de libertad personal del amparado puesto que se lo apercibe al pago de la multa bajo sanción de sustituir la misma por una noche de reclusión nocturna.

La demandada fue estafada junto a su madre y mediante el engaño vendieron la propiedad al condenado, quien posteriormente la enajenó al demandante, circunstancia que era conocida por el actor al momento de demandar la restitución del inmueble.

Los principios de tracto sucesivo y de prioridad que informan el Derecho Registral, permiten concluir que el carácter preferente de una inscripción sobre un determinado inmueble lo tiene aquella de fecha más antigua, por lo que en la especie se debía respetar la vigencia de la anotación presuntiva por sobre el embargo judicial inscrito mucho después.

La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.

Al peligro abstracto de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se añade ahora el peligro concreto para personas determinadas. El riesgo ha progresado; por tanto, el delito de peligro en el que el riesgo se ha concretado en la vida o integridad de personas concretas, absorbe el delito que había adelantado más las barreras de protección del bien jurídico.

El demandante alegó que no procedía el abandono del procedimiento por encontrarse suspendido el término probatorio en virtud del derogado artículo 6° de la Ley 21.226, sin embargo, el Tribunal señaló que, por no notificar a todas las partes, nunca se llegó a esa etapa procesal.

Pero el Gobierno Regional Metropolitano como otorgante de tales caudales y las respectivas municipales como sus receptoras, deben adoptar las acciones tendientes a la protección de la respectiva iniciativa a través de las vías jurídicas que correspondan con el fin de velar por la utilización de tales caminos por toda la comunidad.

Cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral debido a su estado de salud, aquel tiene, en principio, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio del Trabajo la autorización para el despido.