El máximo Tribunal estableció que el recurso no puede prosperar, debido a que no se aportaron sentencias que contrasten con la resolución impugnada.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Melipilla.

Si la resolución que ordena el arresto en contra del empleador moroso en el pago de las cotizaciones es inapelable, la resolución que deniega esa medida de apremio debe ser apelable.

Actuó en el marco de sus atribuciones y dentro de la esfera de su competencia.

Al efecto, cabe recordar que la empresa requirente estimaba que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, pues la gestión pendiente no goza de los mínimos requisitos que requiere un procedimiento racional y justo.

El recinto hospitalario designado inicialmente por la recurrida informó que si contaba con pabellones para realizar la intervención quirúrgica pero el actor no acreditó la urgencia de aquella.

Esto, a propósito de solicitud del Servicio Agrícola y Ganadero, consultando si el criterio contenido en el dictamen N° 5.351, de 2020, resulta aplicable al personal de esa entidad que indica.

No obstante, ordenó que se mantenga la medida de internación provisional del amparado ya que reúne las exigencias del artículo 464 del Código Procesal Penal.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pica y del Suplente de Ministro, Jaramillo, quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud de las causales contempladas en el artículo 84 N° 5 y N° 6 de la LOCTC.

La Ley de Refugiados exige una mínima coherencia en el actuar de la autoridad policial, ordenando un control razonable sobre la persona que invoque la condición de refugiado al ingresar para país.