Se abordaron normas relativas a las elecciones primarias, participación de pueblos indígenas, paridad y el umbral del 5% para partidos políticos.
Por Maite Palacios y Rodrigo Valdés Roa
El fallo señala que el número suficiente de firmantes constituye un requisito esencial para la admisibilidad del libelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
El imputado Juan Pablo Leiva Puga funcionario de Carabineros, quien se desempeña en dicho lugar, con grado de cabo 2º, se acercó a la víctima y le propinó golpes a mano abierta en el rostro. Aproximadamente una hora después, regresó al lugar donde se encontraba detenido Garabito Acevedo, tomándolo del cuello y azotándole contra la pared, provocando que aquel cayera al piso.
Desde el sector acusador señalan que, según el artículo 71 y 72 del reglamento del Consejo Constitucional, las enmiendas no podrían ser válidas, puesto que dichas normas no permiten crear nuevos capítulos.
Por Rodrigo Valdés Roa
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó pagar a la facultativa la suma de $600.000 por concepto de daño emergente y $15.000.000 por daño moral.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la cartera recurrida, al denegar el beneficio por haber ingresado, supuestamente, la solicitud fuera de plazo.
Alegan infracciones a normas del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional y al artículo 152 de la Constitución, vicio esencial que afectaría la deliberación democrática en el Consejo, en tanto afirman que sólo se puede aprobar o rechazar el texto propuesto, sin que éste pueda ser objeto de enmiendas por parte de los reclamantes.
No hay constancia que el establecimiento educacional y la sostenedora, hayan iniciado una investigación y fiscalización, ante la denuncia del alumno, según lo establecen los protocolos correspondientes.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Policía Local de San José de la Mariquina que, además, condenó a la compañía de telecomunicaciones al pago de una multa a beneficio municipal de 4 UTM por infracción a la ley del consumidor.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
