La Corte de Punta Arenas indicó que, la recurrente presentó una querella criminal y pudo solicitar la reserva de sus datos y señas personales o de la acción penal, pero no lo hizo.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que los recurridos actuaron de acuerdo a la normativa sanitaria dictadas por la autoridad competente, adoptando, además, plataformas digitales para brindar el servicio educativo contratado de manera virtual, mientras dure el estado de excepción de la pandemia de Covid-19.
El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por apoderados del establecimiento, tras establecer que no existe garantía constitucional afectada.
El máximo confirmó la resolución ataca, tras establecer que en la especie no se allegaron sentencias de contraste con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Chillán.
Las diputadas y los diputados requirentes estimaban infringido dicho principio, en atención a que la norma de comportamiento que configura parte del núcleo de la conducta se encuentra contenida en una regla infralegal.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional de protección, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del banco.
Para el caso que se declare admisible, y luego de cumplir con los trámites que dispone la LOCTC, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento respecto del fondo del requerimiento.
Esto, a propósito de consultas efectuadas por la diputada Marcela Sabat, la CONFUSAM, el Director Suplente del Hospital Provincial del Huasco y la Universidad de Chile.
