El cese del ex funcionario de la Armada se produjo por su inclusión en la lista anual de retiros del año 2014, y no por su estado de salud.
La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Cisternas y Dahm, quienes estuvieron por confirmar la resolución recurrida con el mérito de sus propios fundamentos.
Una vez que el Decreto respectivo sea suscrito por las autoridades correspondientes es público.
De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el dictamen N° 43.709, de 2010, se ha manifestado que a los funcionarios a contrata no les asiste tal beneficio.
Los recurrentes señalaron haberse infringido la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El Servicio de Salud en su oportunidad le informó que se harían las consultas pertinentes a la Superintendencia de Pensiones; sin embargo, no tuvo el requirente ningún tipo de respuesta.
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el derecho a la integridad psíquica, pues al restringir la indemnización del daño moral se impide la protección de su honor y honra.
El recurrente estimó haberse vulnerado, en primer lugar, su derecho de propiedad y la libertad de realizar cualquier actividad económica.
La gestión pendiente incide en autos sobre reorganización empresarial, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Los Andes, solicitado por el mismo requirente.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
