La Magistratura colombiana adujo que norma desconoce mandato constitucional de unidad de materia, pues falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo contiene.
La amparada señala que su hogar sufrió daños y fue amenazada por funcionarios.
El amparado se encuentra condenado por delitos contra la propiedad.
El amparado fue ingresado a un Hospital Psiquiátrico como medida de seguridad.
El decreto se basó en la formalización por un delito del que finalmente fue sobreseído.
Ambos amparados mantienen pendiente su proceso de regularización.
El objetivo principal del proyecto ingresado es que se incorpore a todos los asistentes de la educación pública a la protección de la ley.
Recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
Esto, a propósito de solicitud de docente de Municipalidad de Lo Espejo que manifestó su voluntad de efectuar pago directo a instituciones que le otorgaron dichos préstamos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 24° Juzgado Civil de Santiago, que no dio lugar a la demanda tras establecer que la producción y comercializar del producto farmacéutico cuestionado fue autorizado expresamente por el SAG.
