La Comisión identifica que la migración de personas nicaragüenses a otros países tiene características de migración forzada y deriva de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la represión estatal a las protestas que se inició el 18 de abril de 2018.

La instancia, luego de escuchar a representantes del Colegio Médico, del INDH y de la Defensoría de la Niñez sobre casos de represión y lesionados, tomó la medida para solicitar que las FF.AA. y la policía expliquen sus protocolos de actuación.

La corporación citó a sesiones especiales durante esta semana con el fin de tramitar las iniciativas y propuestas en el marco de la crisis social que vive el país.

Se estimó que apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

El requerimiento incurre en la causal de inadmisibilidad del artículo 84, numeral 6, de la LOCTC.

Se observa con preocupación que, pese a diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social.

Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Actualmente el proyecto de ley -en primer trámite constitucional- está siendo analizado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Valderrama y Künsemüller, quienes fueron del parecer de revocar la resolución apelada.

La decisión de suspender el procedimiento fue acordada con los votos en contra de los Ministros Hernández Emparanza y Silva.