Según consta en los antecedentes, el actor fue sancionado el año 2013 como autor de una infracción constitutiva de falta y el año 2014 por un simple delito.
Se dejó sin efecto la Resolución N° 68 de 21 de enero de 2015 dictada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El Tribunal declaró que ha existido vulneración de derechos fundamentales en contra de la demandante por parte del empleador demandado.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Concluyó el fallo manifestando que la norma demandada no viola el mandato de no regresividad respecto de la provisión de empleos públicos.
Corresponde ahora que la iniciativa ?en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Sala del Senado.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Chevesich.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras de Molina
Además solicita que indemnicen a la víctima de forma conjunta con 102.500 euros por las lesiones y el daño moral causado.
El Tribunal de alzada estableció que en conformidad a los hechos asentados por el sentenciador, no cabe más que concluir que los demandantes prestaron servicios desarrollados conforme a los requisitos que al efecto contempla el artículo 7° del Código del Trabajo.
