La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 3.
Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El órgano contralor concluyó que todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la normativa se encuentran comprendidos en el precio a suma alzada pactado y, por tanto, que no corresponde que el servicio asuma el costo de su ejecución.
La demandada fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.
Se estimó que con los únicos antecedentes aportados no es posible establecer el daño económico irreparable e irreversible en el patrimonio del afectado, ya que la sola merma en sus ventas no impide a la autoridad modificar el permiso, como efectivamente sucedió.
La reclamante fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela de derechos fundamentales seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de nulidad.
La propuesta contempla hacer efectivo este seguro a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa. El próximo lunes continuará la discusión de esta iniciativa, ocasión en que se espera sea también votado.
El Tribunal de alzada solicitó informe al General de Brigada Aérea (A), Cristián Eguía Calvo, en su calidad de Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Los Lagos, dentro del término de 24 horas.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia impugnada que dio de baja y condenó al suboficial a 360 días de presidio como autor del delito de incumplimiento de deberes militares, se dictó con infracciones al debido proceso.
