Tras la revisión en terreno, la comitiva compuesta por aproximadamente 25 personas ubicó algunos elementos que pudieron dar cuenta del lugar donde funcionó el mencionado campo de prisioneros.
El Tribunal acreditó que existe un reconocimiento legal del demandante como víctima de violaciones de derecho humanos conforme a lo prescrito en el artículo 1° de la ley 19.992, ley Valech.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar por considerar que no existen hoy garantías constitucionales de los recurrentes que aparezcan vulneradas y que deban ser objeto de protección.
El Tribunal acogió la demanda presentada en contra de la municipalidad de Recoleta, por no recibir remuneraciones durante la tramitación de un recurso de protección.
El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario al retener el dinero.
El Tribunal acogió la acción judicial deducida, tras establecer que la trabajadora no infringió gravemente las obligaciones que imponía su contrato, causal planteada por la parte demandada.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a pagar $2.000.000 al demandante.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó al Banco BCI a pagar $ 22.000.000 por daño moral y $ 3.228.719 a una sociedad de transportes.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de Hospital Roberto del Río al no pagar 10 días del mes de abril.
En relación con las acciones judiciales que el Presidente del Tribunal ha deducido, se solicita, al Sr. Fiscal Nacional la designación de un fiscal especial que clarifique la naturaleza de los hechos.
