Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, aborda las incongruencias e inconseucencias del delito de odio que, a la luz del caso Vinicius, adquiere toda su dimensión.
La resolución aprobada por la Cámara plantea al Presidente Boric la creación de este mecanismo especial que pasaría por un depósito en una cuenta de capitalización individual del recién nacido.
La primera mujer piloto de guerra en el país fue elegida como rostro para el impreso que sacará en octubre la Casa de Moneda por la conmemoración de sus 280 años de labor en Chile.
La resolución solicita una reforma integral al sistema de salud, que aborde los problemas que atraviesan las mujeres y personas con capacidad de gestar, en los procesos de gestación, parto y puerperio.
La Comisión Experta inició su etapa final. Atrás quedaron las deliberaciones en las subcomisiones y ahora es el pleno el encargado de, una vez por todas, despachar los capítulos del anteproyecto. Mientras tanto, los partidos comienzan a delinear sus acciones en el futuro consejo, y el gobierno a contener el remezón de los “monos peludos”. […]
Actualmente existe una ley que sanciona el ingreso de este tipo de dispositivos, por lo que se quiere incorporar penas para quienes tengan en su poder celulares o aparatos para comunicarse con el exterior de los recintos penitenciarios.
La Comisión de Agricultura respaldó la norma en general. En otro orden, reiteraron al Ministerio de Agricultura las prioridades que se deberían abordar, entre otras, sobre el Servicio Nacional Forestal y gestión de suelos.
No se produce indefensión ya que la propia Ley N° 19.983 tiene opciones para que el deudor-receptor de una o más factura pueda reclamar sobre ellas dentro del plazo de 8 días, ya sea por falta de entrega de los productos o servicios en forma parcial o total, u objetar el contenido del mismo documento (equivalente a invocar la falsedad ideológica).
Resulta improcedente restablecer los derechos alegados por la vía de protección, ya que tal restricción se encuentra establecida en los estatutos gremiales; normas que deben ser respetadas por cuanto son las que los socios se han dado.
El cambio de unidad penal no se debe a causas imputables al amparado, como su mala conducta, puesto que evidentemente no depende de aquel el número de internos de uno y otro penal, cuestión que es de responsabilidad de la autoridad administrativa.
