La causa se inició por la denuncia ingresada por capitán de Carabineros, quien denunció que las integrantes del colectivo, publicaron en redes sociales un video de un minuto y cuarenta y un segundos de duración, en el cual las denunciadas vestidas con overoles rojos, rostros cubiertos y una bandera negra, realizaron una performance  en el exterior de diversas unidades policiales de la Prefectura de Valparaíso, gritando consignas en contra de la policía uniformada.

La decisión se adoptó el 29 de diciembre de 2020 y de acuerdo a los procedimientos del artículo 13 de la Ley 21.067 se solicitó informe a la autoridad requerida para lo cual se otorgó un plazo de 15 días hábiles.

El Tribunal acogió la acción de tutela interpuesta y declaró que el demandante fue objeto de discriminación al no habérsele pagado de manera íntegra las indemnizaciones por término del contrato de trabajo.

La SMA cursó la sanción luego de reanudar el procedimiento sancionatorio que había iniciado contra la empresa -tras recibir una denuncia y realizar actividades de fiscalización en terreno-, una vez que declaró incumplido el programa de cumplimiento presentado por Quinta S.A.

Tiene su origen en el Derecho romano. Está contemplado en el Digesto, o Pandectas, obra jurídica que forma parte del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de Derecho Civil), la más importante recopilación de Derecho Romano de la historia.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La impugnación en contra de la resolución que concede una apelación legalmente improcedente se regula en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil.

La sentencia concluye que, en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la medida se ajusta completamente a éstas, ya que su implementación se justifica o se ampara en la protección colectiva de la salud.

La simple omisión en la sentencia de la enunciación de algunas pruebas aportadas, pero que sí son analizadas, no sugiere el ejercicio de alguna facultad oficiosa dirigida a su invalidación.

Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que la cuestión que debía resolverse en este supuesto no era tanto si el cambio de apellidos era perjudicial para la hija común, como si, partiendo de que ostentaba como primero desde su nacimiento, el apellido de la madre, le era más beneficiosa una alteración de este orden.