Por tratarse de una disposición constitucional que regula expresamente la materia de que se trata, cabe concluir que los nuevos concejos municipales deben instalarse en el día preciso que establece la Carta Fundamental.
Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la disposición que es impugnada en la acción constitucional deducida no ostenta rango de precepto legal.
El pronunciamiento responde a la consulta realizada por el Instituto Nacional de Normalización.
La supuesta deuda por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario correspondía a los estudios realizados por la requirente entre los años 1990 a 1996, en los cuales cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción.
Además, el contrato debe señalar expresamente la naturaleza de los servicios prestados.
El actor dedujo con anterioridad un recurso de protección por los mismos hechos.
La recurrida actuó con total apego al ordenamiento jurídico y con una base técnica sólida en miras a proteger el ecosistema de la laguna, la sustentabilidad económica de la misma y la salud de las personas.
El máximo Tribunal descartó que el registro solicitado provoque confusión entre los consumidores con marca de la recurrente “A.LAB”.
“Sobre el mecanismo de prórroga de la competencia propuesto por la iniciativa y regulado en el artículo 167 bis, se puede observar que presenta una serie de características que pugnan con las garantías constitucionales del derecho al juez natural, el derecho a defensa y al debido proceso”, señala el oficio.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, no contiene ninguna interpretación sobre el asunto de derecho propuesto que sea susceptible de contraste.
