El recurrente estimó vulneradas las garantías a la igualdad ante la ley; a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; entre otras.
La Fiscal De Orúe concurrió a la decisión de anular el fallo, pero fue de opinión de que fuera la Corte quien dictara la sentencia de reemplazo.
Planteada la acción de inconstitucionalidad, le corresponderá al Tribunal Pleno decidir sobre su admisión a trámite y posterior admisibilidad, para luego emitir un pronunciamiento sobre el fondo.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado integrante Mario Palma Sotomayor.
Señala que un Poder Judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales, debilita el Estado de Derecho llamado precisamente a proteger, creando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos y su actuación en el desarrollo de sus actividades.
El Tribunal Constitucional procederá a discutir si es aplicable o no el decreto de Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones.
El Tribunal consideró arbitraria la decisión de cerrar las consultas sin que exista normativa para ello.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda en contra de la Sociedad de Servicios Transaccionales Caja Vecina S.A
La Comisión observa que a nivel mundial y con pocas excepciones las mujeres rurales encuentran mayores desafíos para el pleno goce de sus derechos, en comparación con los hombres rurales y con las mujeres y hombres urbanos.
Según LyD esta polémica resulta artificial ya que es la propia Constitución Política de la República la que permite que por ley se pueda limitar el derecho de propiedad, tal como actualmente lo hace la ley que rige nuestro sistema de pensiones.
