No se observa un afán de injuriar a los recurrentes ni mal informar a los lectores.
El máximo Tribunal señaló que, la construcción y determinación de la fuerza probatoria de las presunciones queda entregada a los magistrados de la instancia.
El máximo Tribunal señaló que, los sentenciadores han incurrido en los errores de derecho denunciados al concluir que la exigibilidad de la obligación demandada se produjo el 9 de septiembre de 2006.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 10, 11 y 24.
El Tribunal de Alzada señaló que afirmar que el contrato de honorarios a suma alzada no puede ser el estatuto especial que reguló la relación del demandante, significa despreciar abiertamente el artículo 1545 del Código Civil.
El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 14 y 21.
La sentencia señala que en el caso de autos la gestión pendiente es, asimismo, insuficiente para producir los efectos que desea la requirente en el caso de acogerse la inaplicabilidad.
La sentencia señala que respecto del debido proceso, la infracción se produce en tanto la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación.
El Pleno adoptó acuerdo, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor al Ministro Pica.
Esto, a propósito de consulta respecto de la procedencia de que ante la suspensión de contratos de obra por motivo de caso fortuito fuerza mayor, se efectúen pagos a las empresas contratistas por concepto de gastos generales y/o por concepto de avance efectivamente ejecutado.
