El acusado arriesga ser condenado a cadena perpetua e incluso a pena de muerte, en los casos de “homosexualidad agravada”. También contempla penas de hasta 20 años de cárcel para aquellos que promuevan las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo.
Los magistrados recurridos revocaron la sentencia dando cuenta latamente de las razones de hecho y derecho de su decisión, lo que no puede importar una falta o abuso grave desde que para resolver la cuestión sometida a su conocimiento interpretaron y valoraron –labor privativa de los jueces- los antecedentes allegados a la causa, así como los preceptos legales atingentes al caso.
Cualquier trabajo, incluso los más rudimentarios, comporta ineludiblemente para el trabajador un sometimiento a las exigencias de una jornada regular, cumplimiento de un determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, eficacia y rendimiento, e integración en una estructura organizada con un orden preestablecido, lo que resulta imposible pueda llevar a cabo el demandante de forma mínimamente continuada y estable.
El trabajador o trabajadora podrá optar por la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren en caso de que se tratare de una trabajadora embarazada o de un trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor no autovalente o a personas con discapacidad o una persona neurodivergente.
En virtud del artículo 17 de la Ley de Transparencia la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.
Posterior a la entrada en vigencia de la ley 20.886, que establece la tramitación digital, algunas normas no fueron modificadas para extender su aplicación.
El candidato habría renunciado tras conocerse su formalización por delitos contra las buenas costumbres.
La titular de la minera puede ser multada con más de $9.800 millones de pesos.
La prueba indiciaria es muchas veces fuente de certezas muy superiores a las que brindaría una pluralidad de pruebas directas unidireccionales y concordantes.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia.
