Por su parte, el ministro Dahm advierte que no existía ningún antecedente para proceder a un control de identidad y menos a un registro de sus pertenencias, de manera que las pruebas que lo incriminan nacen de una irregular actuación de la policía.

Los derechos de los cuales son titulares no pueden equiparse a los reconocidos a los seres humanos, pues es necesario que sean entendidos con base en los principios de interespecie e interpretación ecológica.

El máximo Tribunal estableció la improcedencia del recurso al estar formulado en contra de los hechos que fueron establecidos por los jueces del fondo.

La culpabilidad del acusado se basó en la exploración de los menores, las declaraciones del propio acusado y de los testigos.

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó 24 artículos en particular sobre Forma de Estado. Los otros cuatro rechazados volverán a la Comisión para ser revisados.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que concedió la de primera instancia que acogió la acción.

El máximo Tribunal estableció que la ley de protección, fomento y desarrollo indígena estipula la prohibición expresa y amplia de cesión de derechos de tierras a terceros ajenos a las etnias originales.

El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La valoración de la prueba realizada por el Tribunal fue incompleta, no consideró en plenitud ni con perspectiva de género la prueba encaminada a demostrar el contexto de violencia intrafamiliar habitual y reiterada que sufría la víctima.