Por lo cual se remitió al Servicio Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley N° 19.880.
La recurrente estima que se vulneraría la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, además del derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
La gestión pendiente incide en recursos de casación en la forma y en el fondo de que conoce la Corte Suprema.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Muñoz, quien fue de opinión de unificar la jurisprudencia en la línea de razonamiento de la sentencia de contraste invocada por el recurrente.
Jorge Rendón Vásquez, académico peruano, analiza la relación histórica entre derechos sociales y la revolución socialista.
Los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso.
La gestión pendiente incide en un recurso de nulidad laboral, de que conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Correa, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada.
Cabe recordar que la resolución impugnada declaró la disolución del Partido Poder al estimar que no dio cumplimiento a los artículos sexto o séptimo transitorios de la Ley 20.915.
Se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.
