El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley.
Sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente.
El recurrente estimó vulnerados las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y el derecho de Propiedad.
Entre los temas se aborda la rendición de cuentas de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública; propuestas pro mujer y pueblos originarios.
El secretario general de la organización, Kumi Naidoo, señaló que «los atacantes, que han desatado su mortal odio y racismo contra mujeres, hombres, niños y niñas que participaban en la oración del viernes, nos han causado profundo dolor y conmoción».
Entre las principales conclusiones del evento, se destaca el derecho a la autonomía y a la autodeterminación como un pilar fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas, y un pre-requisito para el ejercicio de todos los demás derechos.
LyD asegura que extender el período de duración de la gratuidad de la educación superior, y con ello el gasto público, es una mala idea, para la cual no hay margen.
El texto constata prácticas irregulares y de conflicto de interés que afectarían a los altos mandos de las FFAA y de Carabineros en torno a estas organizaciones, al tiempo que propone vías para mejorar los actuales estándares de transparencia, control y fiscalización.
En lo que resta de la tramitación en la Cámara Alta, también los congresistas que laboran en la instancia de Hacienda deberán revisar la propuesta ya respaldada por sus colegas de Derechos Humanos.
El Tribunal establece la responsabilidad de la sociedad educativa al no realizar acciones que evitaran las situaciones de acoso escolar de las que fueron víctima los menores de edad, representados por su madre.
