La gestión pendiente incide en autos penales, en los que el requirente fue formalizado como autor del delito de no detenerse ni prestar ayuda ante lesionados o muertos y como encubridor en grado consumado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que el sustento jurídico del acto que rechazó la solicitud de reconsideración formulada contra el Decreto de Expulsión, cual es dedicarse al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas.

En su sentencia, la Corte de Chillán sostuvo que la imposibilidad de ingresar para el personal de la empresa recurrente al predio del recurrido, constituye un acto que perturba y atenta en contra del derecho de dominio de la actora sobre tal infraestructura, en cuanto le impide usarlas convenientemente.

La gestión pendiente incide en autos sobre investigación administrativa disciplinaria, seguidos ante la Corte de Temuco, en los que se abrió expediente de remoción contra el notario requirente luego de haberlo sancionado con la suspensión de sus funciones por cuatro meses.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

Se debe rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante, en cuanto no se concedió la nulidad del despido.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la ministro señora Egnem y del abogado integrante señor Matus.

La sentencia del Tribunal de alzada concluyó, en síntesis, que se configura la causal de nulidad descrita en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Cerda y el abogado integrante Correa.

La decisión aduce que al momento de realizar el análisis de admisibilidad, se advirtió que no era lo suficientemente clara la infracción invocada.