La acusada, para ejecutar su plan de manera cómoda y sin posibilidad de defensa, se aprovechó de las importantes limitaciones que afectaba a su marido.
Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.
La legislación ha previsto un trato especialísimo para ciertos grupos que se pueden encontrar en circunstancias de vulnerabilidad dentro de las relaciones laborales, así que el artículo 187, consagra la garantía para dirigentes sindicales como un método de estabilidad reforzada entendida como una tutela necesaria relacionada con la actividad sindical.
El recurrente alegó que se lo confundió con otra persona que cuenta con antecedentes penales por la comisión de delitos sexuales, y que esa confusión llevó a que ese grupo de personas lo agrediera.
Además de la Ley N° 19.496, las Leyes N° 20.009 y 21.234 también regulan la materia, todas las cuales llevan al mismo procedimiento ante el Juzgado de Policía Local.
En el derecho fundamental a la intimidad personal se incluye toda la información relativa a su salud física y psíquica, quedando afectado este derecho en aquellos casos en los que, sin consentimiento del paciente, se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma.
Luego de quebrantar la medida cautelar en -al menos- siete oportunidades, el recurrente fue condenado por desacato y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. El máximo Tribunal desechó la tesis del actor, que esgrimió que el desacato de una prohibición de acercamiento cobra relevancia sólo cuando se ha puesto en riesgo vital la vida de la víctima.
La ejecutada fue eliminada académicamente del programa luego de reprobar uno de los módulos, razón por la que era improcedente el cobro de la multa pactada por no presentarse a cumplir con el periodo asistencial obligatorio, al cual sólo están obligados los egresados de dicha especialidad.
El recurrente alegó que, a falta de norma en la Ley N° 19.496, resultaba aplicable el artículo 33 de la Ley N° 18.287, que establece que son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley del Tránsito que sólo impongan multa.
Pese a que el municipio terminó unilateralmente el convenio de prestación de servicios con la contratista debido a los reiterados incumplimientos hacia sus empleados, tal acto no lo libra de su deber de vigilancia y protección de los derechos de aquellos trabajadores, en función a las normas del trabajo en régimen de subcontratación reconocido en el artículo 183-B del Código del ramo.
