La mujer sostuvo que De Niro la sometía a largas jornadas laborales, le pagaba de manera insuficiente y la obligaba a realizar tareas no relacionadas con su posición ejecutiva, como lavar la ropa. Estas alegaciones sugieren un conflicto en las percepciones sobre las responsabilidades laborales y las condiciones de empleo entre ambas partes.

La quejosa acusó a los jueces de fondo de la Corte de Iquique, haber dictado con falta o abuso grave la resolución que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia condenatoria, privándola de su derecho al recurso, sin embargo, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que esta era la segunda vez que la acusada recurría de nulidad por los mismos hechos, respaldando la decisión de la magistratura penal.

Si el demandante no acreditó con ningún medio de prueba legal que efectivamente la Aclaratoria de las Bases fue producto de un acto arbitrario e ilegal, se debe rechazar la acción de impugnación, pues le corresponde a la impugnante la carga de probar sus dichos, en conformidad a lo establecido en el artículo 1.698 del Código Civil.

El argumento expuesto por el banco en el cual sostiene que una persona a la que se le realizan débitos automáticos debe impugnarlos, pues en caso contrario se entienden por aceptados, impone al usuario una carga que es excesiva pues el consumidor ni siquiera ha contratado el servicio que le están descontando.

Según sostiene el CDE en su acción judicial, el “obrar dañoso de la empresa y sus representantes legales afectó y continúa afectando el Humedal de Puente Negro y el ecosistema asociado, en particular para la avifauna, y más específicamente para la Becacina putada, clasificada según su estado de conservación “En Peligro”, y cuya presencia es particularmente relevante en el humedal.

La Primera Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó con costas, la de primer grado que declaró la resolución del contrato.

Trabajadores acogidos a licencia médica autorizada tienen derecho a la remuneración mientras mantenga la calidad de profesional de la educación dependiente de una Municipalidad o Corporación Municipal, no extendiéndose el derecho después del término de la relación laboral.

La testigo afirmó que el acusado se encontraba ebrio y drogado, condición que lejos de justificar su conducta, puede explicar, al menos, lo errático de su proceder.

Para calcular el límite máximo de la extensión de la medida de seguridad debe preferirse siempre aquel que, en concepto de esta Corte, sea el menos afectador del principio Pro Homine y restrinja, en menor intensidad, la libertad del justiciable.

¿Existen parámetros generales acerca de lo que es vencible, o invencible, o de tipos penales donde se puede aplicar el error en cualquiera de sus dimensiones? No, ya que habrá que apelar a las circunstancias de cada caso y de cada sujeto, sin que, por ello, sea suficiente acudir a estándares generalizadores.