La iniciativa legal, patrocinada por la senadora Adriana Muñoz, incorpora una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.
No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.
La iniciativa tiene como finalidad contar con un cuerpo legal que permita garantizar el desarrollo de ciudades verdes y sostenibles mediante una gestión integral de su infraestructura, tomando en consideración que casi el 90% de la población chilena vive en ciudades.
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a la empresa pagar $3.206.200 de indemnización.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda presentado por hijos de la causante, quien falleció sin testar.
La Dirección de Compras no es la entidad que llama a la licitación en que se ha interpuesto la demanda y, en consecuencia, no es susceptible de ser considerada como sujeto pasivo de dicha acción.
La resolución impugnada no explicitó razonadamente los factores considerados para adoptar la decisión.
Para determinar la situación socioeconómica de un solicitante de ayuda humanitaria debe verificarse, además de su afiliación, si es beneficiario o cotizante, si posee un empleo estable y si puede costearse las necesidades básicas.
No se subsanaron los vicios de que adolecía el requerimiento.
El Tribunal de alzada confirmó la responsabilidad de las empresas demandadas por la falta de medidas de seguridad en la faena, que propiciaron la muerte del trabajador, con declaración que deberán pagar las indemnizaciones de forma solidaria.
