El máximo Tribunal expuso que el acto administrativo que puso término a la encomendación de funciones, iniciada en mayo de 2005, se encuentra fundado en el Ordinario N° 625.
Los recurrentes estimaron infringido el debido proceso, ya que la ley, al reemplazar a la SVS por la CMF, no le confirió a esta última la potestad precisa para continuar tramitando y fallar causas cuyo conocimiento perteneció a la SVS.
Los requirentes estiman que el precepto impugnado infringe el debido proceso, ya que el tribunal otorgó valor por sí sola a la prueba pericial biológica, en circunstancias que fue imposible tomar la contramuestra de ADN.
Fue despedido el mismo día en que se fiscalizó debido a la denuncia que presentó a la Inspección del Trabajo.
La exservidora cumple con las exigencias previstas para el entero de la indemnización que reclama.
El entorno que dio origen a la relación entre el cedente y el deudor aparece como ajeno al cesionario de la factura.
Se constata que la juez a quo toma en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas.
El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándose respecto de la información pedida referida al período 2005 al 2011, por inexistencia.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien fue del parecer de revocar la resolución en alzada y declarar admisible el recurso de protección.
La sentencia del máximo Tribunal expuso que, de los antecedentes aportados, es posible sostener que las exigencias para otorgar la libertad condicional se encuentran cumplidas, por lo que el amparado ha alcanzado la rehabilitación ínsita a toda reclusión.
