El Tribunal estableció la responsabilidad del municipio por falta de servicio, y de la empresa por no mantener correctamente la instalación, ordenándoles pagar la suma total de $52.800.000 a la víctima.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la casa de estudios y, por consiguiente, le ordenó entregar al recurrente los documentos y certificados académicos necesarios para la obtención del título de ingeniero comercial.
El máximo Tribunal estableció que la demora en el cobro del tributo atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua sólo en aquella parte que acogió la acción respecto de la infracción al artículo 246 del Código Penal.
La Sala del Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta que, tras varias jornadas de análisis y de audiencias, concordó una propuesta que también fue ratificada por la Sala de la Cámara Baja.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Colina, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
En ningún caso se puede sostener que por el sólo hecho de emitir informes y depender jerárquicamente de un superior se esté en presencia de un contrato de trabajo.
Carabineros no presenció los hechos denunciados y procedió en base a las características físicas y de vestuario del imputado lo que solo sirvió para su localización.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que estas medias implican una desmejora de derechos sociales y disponen de recursos destinados a financiación de las pensiones para fines distintos a ellas.
El máximo Tribunal de Brasil arguyó que todo el proceso de comercialización de medicamentos manipulados – servicio inicial, adquisición de elementos químicos y otras materias primas, manipulación de fórmulas por farmacéuticos, etc. – demuestra la prestación inequívoca de servicios.
