El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Policía Local, el 7 de agosto pasado, con declaración que se aumenta el monto de la indemnización por concepto de daño moral a 20.000.000.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la institución financiera al no asumir el perjuicio económico generado al recurrente.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo deducido y revocó la sentencia que rechazó la demanda al acoger la excepción de pago argüida por el Estado.
El presidente del grupo parlamentario, Matías Walker, indicó que, junto con estudiar la rebaja de los altos cargos del Estado, la instancia parlamentaria ya se encuentra analizando la posibilidad de rebajar la cantidad de ellos.
A la instancia asistió el director de Salud de la institución policial, quien entregó cifras de los uniformados lesionados; y representantes del Movimiento Salud en Resistencia, que ha dado atención a los heridos en las calles durante las protestas sociales.
La iniciativa define un listado de siete situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de esta ley, al tiempo que se establecen penas específicas para sancionarlas, siendo las más altas aquellas en que la actuación se ampare en organizaciones destinadas a cometer habitualmente los hechos punibles.
En la jornada se debatió una indicación que pretendía que pymes y municipios pudieran acceder a la categoría de clientes libres, de manera de negociar directamente con las generadoras, lo que fue rechazado.
La Magistratura colombiana consideró que el principio de obediencia debida nunca puede ser entendido como un principio de obediencia ciega.
Durante el debate algunos senadores advirtieron la inconstitucionalidad de una indicación propuesta por parlamentarios y que irrigaría mayor costo fiscal.
El órgano contralor concluyó que habiendo sido invitada la peticionaria al respectivo proceso de catalogación, no se advierte reproche que formular a lo obrado en la especie por la Subsecretaría de Educación y la DCCP, por lo que se desestima el reclamo formulado.
