En consecuencia, la Magistratura constitucional la ordenó a la Institución Educativa modificar las cláusulas del manual de convivencia que afecten los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de los estudiantes.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, el acto impugnado no pudo ser tildado de ilegal.
El objetivo principal del proyecto ingresado es regular el uso de estos instrumentos.
Corte de Santiago señaló que la resolución que dictó el alejamiento temporal del funcionario se basó en una ponderación de antecedentes que descartan cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad.
La propuesta viene a enmendar la Ley de pago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.
También declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos.
El proyecto se basa en el caso del hombre que viajó de Santiago a Temuco con síntomas de COVID-19.
El proyecto, que surgió debido a que la crisis sanitaria podría impedir el funcionamiento del Congreso, presentaba normas de quórum especial que exigía para su aprobación de 89 votos favorable, margen que no se alcanzó.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la universidad recurrida.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra la resolución que no acogió la denuncia.
