La gestión pendiente incide en autos sobre sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Los requirentes estiman que la disposición impugnada vulnera las garantías constitucionales del derecho a vivir en un medio ambiente libre de Contaminación y la igualdad ante la ley.
La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.
El Tribunal de alzada dio al Ministerio recurrido un plazo de 5 días para que remita todos los antecedentes que obren en su poder y que digan relación con la acción deducida.
Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad sobre lo pactado en contrato de seguro de salud.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso deducido en contra de la resolución dictada el 22 de noviembre pasado, por el 12° de Juzgado de Garantía de Santiago.
El Consejo considera clave realizar un análisis que permita evidenciar falencias y corregirlas, de manera de reducir brechas de seguridad en extremo sensibles para la institución, en particular en un contexto como el actual, comentó el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada.
La Corte de Concepción indicó que, no se constató de los hechos expuestos, que éstos constituyan vulneración de alguna de las garantías constitucionales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La instancia compuesta por 14 especialistas deberá emitir una propuesta que habilite un plebiscito para abril de 2020.
La iniciativa, que será votada en particular durante esta tarde, busca aumentar los montos de las pensiones Básica Solidaria de Vejez e Invalidez y de la Máxima con Aporte Solidario.
