En atención al principio “primacía de la realidad” se observan indicios del vínculo de subordinación y dependencia, por ende, la relación entre ambas partes no podía ser calificada como estatutaria. Asimismo, la labor como educador ambiental que desempeñó el demandante, cumple con el objetivo del municipio de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y no es una función específica y acotada a la prestación de servicios.

Los jueces no tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes, sino sólo sobre las que resulten conducentes para la dilucidación del pleito.

El acusado intentó anular el fallo asilándose que como migrante su conducta anterior en el país es irreprochable, no obstante, de su testimonio, como de los elementos encontrados en su departamento, no se desprende su conducta impoluta previa a la detención, por lo tanto, la circunstancia de no poseer extracto de filiación es indiferente a la magistratura.

La oferta económica presentada por la adjudicataria cumple con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y por consiguiente se encontraba en condiciones de ser propuesta para su adjudicación.

En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento, la Corte declara que la República de Costa Rica ha dado cumplimiento total a las medidas de reparación.

El texto plantea que los productores podrán usar en los envases o envoltorios la etiqueta o logo “libre de crueldad” o “no testeado en animales”, para informar a los consumidores esta condición.

La magistrada condenó a la empresa supermercadista por infracción a contrato de depósito. No obstante proporcionar un servicio gratuito de estacionamientos, ello no la excusa de su obligación de resguardo de la cosa que se caracteriza en el caso de autos con la adopción de medidas de cuidado y de seguridad en aras de la debida restitución de la especie.

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público, tras establecer que la sentencia impugnada, dictada en juicio oral simplificado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, incurrió en infracción sustancial de ley.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al absolver a los agentes que cumplían funciones operativas y como guardias en el recinto de Londres 38, de responsabilidad en los hechos acreditados.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, y los principios de proporcionalidad y de legalidad, desde que podría verse afectada su libertad ambulatoria, lo cual infringe los tratados internacionales, pues los reportajes dicen relación con actos de corrupción en la Municipalidad de Talcahuano, por lo que son cuestiones de interés público.