El máximo tribunal estimó infringida la garantía constitucional a la igualdad.
La gestión pendiente incide en recurso de protección de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Se estimó que se encuentra suficientemente acreditado el arraigo del amparado, toda vez que ha permanecido en el país desde hace cuatro años.
Además se estimó que, en cuanto a que se encontraba amparada por el principio de la confianza legítima, se precisó que aquel principio solo aplica para las vinculaciones a contrata y no para los contratos a honorarios.
La gestión pendiente incide en recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.
La gestión pendiente incide en autos de apelación seguidos ante la Corte de Punta Arenas, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.
De acuerdo a la demandada, cámaras de seguridad del local donde la actora prestaba sus servicios registran imágenes en que la demandante reingresa a su puesto de trabajo productos de propiedad del local desde su mochila.
La decisión fue adoptada con los votos en contra de los Ministros Dolmestch y Künsemüller.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y su derecho de propiedad.
