Los recurrentes, sostuvieron que el acuerdo suscrito por los recurridos es un acuerdo entre privados.
El ente contralor adujo que Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas permite, expresamente, que un funcionario ubicado en la lista Nº 1, puede ser agregado en la cuota de alejamientos.
El Tribunal Supremo agregó respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones.
El ente contralor adujo que estos acuerdos no constituyen funciones que la ley N° 18.695 haya incorporado a las competencias de las entidades edilicias.
Recurrentes estimaron vulneradas su integridad psíquica, protección a la familia y derecho a réplica en medios periodísticos.
Máximo Tribunal señaló que se infringió el principio de reformar la sanción en perjuicio.
El citado Tribunal estimó que el reconocimiento de la deuda y la negativa a enterar tal pago al sindicato referido, afecta la actividad que éste ejerce en defensa de los trabajadores.
La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.
El ente contralor adujo que no se han aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho, ni elementos de juicio que no hubieren sido previamente planteados y que desvirtúen lo concluido en el dictamen impugnado.
No existió ningún impedimento para que el recurrente cesara en su cargo a contar del año 2017.
