El órgano contralor señaló que la DOM debe emitir el certificado aplicando las normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en base al plano modificatorio.
En este artículo se hace un repaso de los criterios que admiten o niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La decisión fue acordada con el salvamiento de voto del Magistrado Linares.
La solicitud de fiscalización presentada ante la Inspección del Trabajo y el posterior despido, permiten concluir la existencia de indicios suficientes de la vulneración de la garantía de indemnidad.
En tanto no correspondan a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por aquella o por el organismo público en el que se desempeña.
La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del debido proceso y su derecho de propiedad.
Cabe recordar que el TSJ de Madrid había avalado lo realizado por Hacienda de la Comunidad madrileña, girando esos costes al Ministerio del Interior.
Las gestiones pendientes inciden en dos recursos de apelación de reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte Suprema.
En la apertura de este taller de trabajo se abordó, entre otras temáticas, el rol de entidades de Gobierno en la implementación de iniciativas pro integridad y transparencia a partir del uso de tecnología.
La instancia recibió al director del Servicio Medico Legal, para conocer los motivos por los cuales la entidad no ha dado respuesta a los más de mil casos pendientes.
