El Tribunal tuvo presente que por haberse acreditado un delito de homicidio en grado de consumado y atribuido la calidad de autor al acusado, del que ha resultado culpable, la pena abstracta aplicable, es presidio mayor en su grado medio, conforme modificación de ley N°20.799
En sesiones sucesivas los congresistas han escuchado a actores de la industria lo que han hecho ver algunas distorsiones de la industria como es la competencia por marca y la baja que podrían experimentar solo los medicamentos bioequivalentes.
La Sala contempla discutir, en primer lugar, la propuesta que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, para continuar con el proyecto que establece un subsidio estatal para sustentar un ingreso mínimo garantizado.
La instancia respaldó en forma unánime el proyecto que busca modificar la estructura tarifaria y modernizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (derecho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución.
El órgano contralor indicó que examen de competencias que se impugna fue rendido ante una comisión constituida profesionales de la secretaría regional ministerial de salud correspondiente.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago señaló en síntesis que, el actuar de la Isapre recurrida es ilegal.
El ente contralor indicó que tal medida no se ajusta a derecho, ya que para la determinación del atraso sancionado el servicio consideró la demora incurrida por Sociedad Austral de Electricidad S.A en la ejecución de la partida pro forma «8.1 Traslado postes eléctricos existentes», la que sería inimputable a la contratista.
La recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.
El fundamento de la recurrente fue que la CAJ no apeló sentencia contraria a los intereses de ella, vulnerándose, de esta forma, las garantías constitucionales del art. 19 n° 2 y 3 inciso 5 de la Constitución.
