El Tribunal a quo, informó que la resolución en contra de la cual se dirige el recurso de apelación, es un auto el que no sería apelable atendido lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 18.593.
El proyecto es parte de las reformas al antiguo Servicio Nacional de Menores y es un paso fundamental para avanzar en materia de reinserción social juvenil.
La gestión pendiente incide en proceso de cumplimiento de alimentos de que conoce el Juzgado de Familia de Puente Alto.
Despido por necesidades de la empresa no constituye, por sí mismo, una práctica antisindical.
Las acciones se impetraron contra CAM Chile S.A. como demandada principal y la Municipalidad de Peñalolén como empresa principal.
La Segunda Sala señaló que ha arribado a la conclusión de que concurren las causales de inadmisibilidad de los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC.
Para el Tribunal Interamericano no existe duda de que, por ejemplo, una familia monoparental debe ser protegida del mismo modo que dos abuelos que asumen el rol de padres respecto de un nieto. Una familia también puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual.
La acción deducida por la demandante es declarativa de derechos y tiene un claro contenido patrimonial, por lo que le son aplicables las disposiciones generales del Código Civil.
El ente contralor adujo que, la demora señalada implica una infracción de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.
Las impugnaciones fueron impetradas por Servicios del Pacífico SPA y La Polar S.A.
