En esta Corte, constituye una práctica que se ha implementado desde que se instaló el sistema de conexión virtual para los intervinientes en las vistas de sus causas, tomar contacto vía telefónica, lo que en este caso específico no ocurrió, informó la recurrida.
El reclamante alegó que la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble objeto de la compraventa fue decretada días después de que pidiera su inscripción, argumento que fue acogido por el Tribunal.
La diferencia entre tales precios no era manifiestamente desproporcionada como para concluir que el primero de los valores informados no era real. Además, no corresponde que sea el consumidor quien deba acercarse a verificar el valor definitivo del producto.
La denunciada señaló que, ante la imposibilidad del actor, podía figurar como contratante de la póliza su pareja, sin embargo, al momento de ocurrir el siniestro, la aseguradora rechazó la cobertura por falta de interés asegurable, ya que la contratante no era dueña del vehículo asegurado.
Las autoridades mostraron un total desprecio por el sufrimiento de la demandante. Había sido sumamente vulnerable debido a su corta edad, su trágica situación familiar, su ingreso en un orfanato y presuntos abusos sexuales. Las autoridades no protegieron su integridad personal en el curso del proceso penal.
Las tenues notas de dependencia que desde una hipótesis favorable al reclamo podrían detectarse en el vínculo habido aparecen a todas luces difuminadas por otros elementos que sugieren, más intensamente, su encuadre como un negocio jurídico de carácter asociativo, ajeno al ámbito del trabajo subordinado.
Toda gestión que tenga por objeto interrumpir el término establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil puede provenir de las partes y también de terceros cuando hayan recibido un cometido del tribunal a instancia de una de las partes. En ellas se radica el impulso procesal.
El legislador no ha explicado cómo el aumento del límite absoluto se restringe al monto requerido necesario para cubrir las necesidades financieras por cambio de circunstancias y mantener el financiamiento estatal de los partidos políticos limitado, necesario para asegurar el buen funcionamiento del sistema de partidos políticos.
En el hipotético caso de que hubiera existido torturas y que las declaraciones policiales se obtuvieran bajo las mismas, es preciso dejar sentado que la declaración condenatoria de la procesada no se efectúa en base a estas declaraciones policiales.
El acto de grabar videos tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda porque es una etapa importante del proceso de expresión que termina con la difusión de información sobre una controversia pública.
