El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
Se complementa el dictamen N° 68.316, de 2016 y las instrucciones contenidas en el dictamen N° 6.381, de 2018, ambos de este origen.
Notificada la demanda, la demandada tiene un plazo de 15 días para contestar, más el término adicional establecido en los artículos 258 y 259 del Código de Procedimiento Civil.
Corresponde al Pleno del TC pronunciarse en control obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.
La decisión fue acordada con los votos particulares de los Ministros Rosenkrantz y Highton de Nolasco.
El máximo tribunal constató la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.
El recurso se fundó en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso.
