La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
El ente contralor indicó que ni el recurrente ni su hermana se encuentran en alguna de las situaciones que indica el artículo 121, por cuanto ambos exceden las edades indicadas y no acompañan ningún antecedente que permita inferir que tienen la condición de inválidos.
La Corte de Concepción indicó que, claramente lo resuelto por el Departamento Contralor de Salud es arbitrario, infundado y carente de razonabilidad.
Máximo Tribunal estimó que es procedente en virtud de los principios rectores del sistema procesal penal.
Recurrente estimó vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y libertad de trabajo.
Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad sobre lo contratado con la entidad aseguradora.
El ente contralor sostuvo que la práctica profesional de los egresados de derecho constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado, la que se encuentra totalmente regulada en la ley y su reglamentación complementaria.
Los hechos descritos en la exposición razonada mandada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la diputada, «podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental».
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El ente contralor indicó que Resolución emitida por funcionario incompetente y luego convalidada por el competente, constituye acto legítimo.
