Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, sostiene que «esta política es espectacularmente cruel: arranca a niños y niñas aterrorizados de los brazos de sus padres para llevarlos a centros de detención abarrotados que son, a efectos prácticos, jaulas».

Los sentenciadores, al decidir como lo hicieron, infringieron los artículos 3°, 5° y 9°, inciso 2°, de la Ley N° 19.983 aplicables en la especie, y 464 N° 7 del CPC.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento.

Los referidos establecimientos, con posterioridad al horario correspondiente, podrán efectuar labores propias de la mantención, aseo, orden y administración.

Se declaró nula la sentencia impugnada solo en cuanto se dispuso la práctica de medidas reparativas.

Corresponde ahora que la iniciativa ?en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

No se ofreció ni produjo prueba alguna que permita afirmar que la A.P.N. haya otorgado autorizaciones para la matanza de burros silvestres.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada ?en primer trámite constitucional- por la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.

La requirente estima que los preceptos impugnados infringen el debido proceso.

La resolución sostiene que acorde con los dictámenes N°s 22.766, 70.966 y 85.700, todos del año 2016 y N° 12421 del año 2017 de la CGR, la práctica que origina la llamada confianza legítima está determinada por una vinculación laboral cuya extensión ha alcanzado al menos dos renovaciones anuales.