Amnistía Internacional denuncia nueva normativa en Venezuela que obliga a las organizaciones civiles a inscribirse en un registro.
663 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.