La sentencia determina que el contenido de las disposiciones impugnadas excede lo previsto en el artículo 8° de la Constitución, ya que amplía la información a que se tiene acceso.
Los recurrentes arguyan que los antecedentes que acompañan en autos permiten acreditar el perjuicio al patrimonio municipal de la comuna, y que la resolución impugnada carece de fundamentos razonables para el rechazo de la solicitud.
No corresponde a un asunto susceptible de ser analizado por esta vía, puesto que se asienta en circunstancias fácticas y particularidades específicas del caso, cuyo análisis compete a la judicatura del fondo.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de nulidad, seguidos ante la Corte de Santiago.
Considerando que actualmente no se puede concurrir a las oficinas por el coronavirus.
La sentencia determinó que la Municipalidad no estaba habilitada para presentar observaciones ciudadanas en la evaluación ambiental del Proyecto referido y, por tanto, no contaba con legitimación activa para reclamar.
La prueba practicada evidenció que el acusado no solo abordó proclamas de apología y justificación del terrorismo, sino que difundía mensajes o imágenes con los que impulsar a terceros a participar en causas terroristas.
Los amparados señalan que han sido víctimas de hostigamientos en la comunidad y sus hogares, mediante el uso de escopetas antidisturbios, carros lanza agua y gases lacrimógenos.
El objetivo principal del proyecto ingresado es agilizar el acceso a la información.
El máximo Tribunal consideró que en la especie se cumplen los requisitos de la acción reinvidicatoria presentada por el municipio.
