El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del ente contralor al establecer un nuevo requisito para que los médicos cirujanos titulados en el extranjero que aprobaron el Eunacom, puedan ejercer en Chile, tanto en el sistema de salud pública como privada.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada, que estableció la falta de diligencia de la institución de salud previsional.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda y estableció la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad, imprescriptible penal y civilmente.
Según explicó el vocero del máximo Tribunal, Lamberto Cisternas, el pleno del máximo Tribunal del país dispuso, además, la apertura de cuaderno de remoción de los tres ministros sancionados, e informó que la sentencia íntegra se dictará en 10 días, una vez que se culmine el proceso de redacción.
El Tribunal estableció la responsabilidad de las demandadas por falta de servicio en la mantención de las veredas y las cámaras subterráneas, respectivamente.
La instancia, encargada de investigar los actos del Ministerio de Justicia y del Gobierno en lo relativo al nombramiento de denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O'Higgins, escuchó a docentes de la Universidad de Chile y a representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El máximo Tribunal acogió la demanda presentada por la empresa dueña del predio Forestal Celco S.A.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad solidaria de la institución penitenciaria en el accidente.
El Tribunal acogió la demanda deducida en contra de Irol SpA, Comercial Irol Uno SpA, Comercial Irol Dos SpA, tras establecer que conformar una unidad económica en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo, por lo que deberán concurrir solidariamente al pago de las prestaciones a cuyo pago se allanó la demandada principal.
