En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, que carece de fundamento plausible.

La mayor crítica que la doctrina ha dirigido contra la sentencia dice relación con el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto, sentencias con altas sanciones para un medio de comunicación provocan ese “efecto desaliento” en el ejercicio de las libertades, frente al que, en buena medida, se construye el sistema de la libertad de expresión a una sociedad liberal.

Los beneficios de la ley N°19.856 incluyen a sujetos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, lo cual implica una forma de impunidad que relativiza la gravedad de los crímenes cometidos y justifica la negación histórica de las atrocidades perpetrada por agentes estatales.

La trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud son violaciones graves a los derechos humanos en cuanto a que −en distintas formas−, atentan contra el núcleo duro de los derechos fundamentales y cosifican a los seres humanos, convirtiéndoles en mercancías, sobre las que los tratantes ejercen los atributos de la personalidad.

El reclamante alega que tenía una clara y seria opción de ser electo candidato de la elección, de no haber concurrido todas las circunstancias y vicios que se señalan en la acción.

La reclamación señala que cualquier decisión sobre el ingreso de un proyecto al SEIA debe estar debidamente fundamentada, debiendo exponerse detalladamente el razonamiento fáctico y jurídico que lleve a concluir que, no obstante los impactos ambientales del proyecto o actividad, estos no revisten la magnitud o trascendencia para, siquiera, le resulte obligatorio ingresar al SIEA.

La sentencia expresa que la cuestión constitucional no radica en elucidar si una Ley de Reforma Constitucional requiere o no de esa iniciativa presidencial, sino que revierte en determinar si el legislador a través de una enmienda constitucional tiene o no competencia para avocarse la materia, atribuirle la condición de reforma constitucional a lo que en el fondo es una ley, y actuar de esta forma paralelamente con el Jefe de Estado, o relevándolo derechamente en su función como colegislador.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al condicionar la titulación del recurrente al pago de la deuda.

El Consejo Directivo del Servicio Electoral los determinó en base a la mayor proporción de población indígena mayor de 18 años de cada distrito.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial, debido a que la materia que se pretende uniformar no corresponde a aquellas susceptibles de unificación.