El máximo Tribunal determinó que la forma de disponer la baja resultó contraria a la referida normativa y, además, afectó los derechos de igualdad ante la ley y propiedad del recurrente.
La Corte de Santiago estimó que no se advirtió irregularidad alguna que pueda ser imputada al Departamento de Extranjería y Migración.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
Amparado estimó que se omitieron la aplicación de normas de unificación de la pena.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, entre otras.
Recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley.
La recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.
El amparado estimó vulnerado su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
