El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, que aplicó al recurrente la normativa especial contemplada en la denominada Ley Emilia.
El máximo Tribunal estableció responsabilidad por falta de servicio del Estado al no disponer planes de emergencias que adviertan a la población qué hacer ante la ocurrencia este tipo de catástrofe.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso, especialmente en lo relativo al derecho a defensa y a guardar silencio, y la igualdad ante la ley.
Esta figura se desarrolló esencialmente en la práctica judicial de los tribunales americanos.
La recurrente indicó que se vulneró el derecho de propiedad.
Por la naturaleza de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella.
La gestión pendiente incide en autos sobre familia, seguidos ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago, actualmente ante la Corte Suprema por recurso de casación en el fondo.
La sentencia sostiene que la falta de justificación satisfactoria a la medida adoptada, esto es, el cese de los servicios, hace presumir un criterio primordialmente político.
El conocimiento del objeto de las demandas no es idóneo a los presentes procesos constitucionales.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago por recurso de hecho.
