Prohíbe prácticas consideradas discriminatorias, como la realización de exámenes sin el consentimiento del paciente, y permite a los afectados jubilarse anticipadamente. Además, la ley aborda estas enfermedades como un asunto de interés público, lo que permitirá destinar mayores recursos para su investigación y tratamiento.
Estas medidas, sin embargo, requieren sujetarse a ciertas condiciones en cuanto a plazos y autorizaciones.
Recurrente obtuvo la invalidación de una sentencia condenatoria y del juicio que la precedió, al acreditar que el fallo dictado en juicio oral simplificado no fue registrado por escrito, dándosele a conocer únicamente la parte resolutiva de la decisión, conculcando con ello su derecho a conocer los fundamentos del fallo y a ejercer el recurso respectivo.
La causal de despido contemplada en el Nº3 del artículo 160 del Código del Trabajo, no requiere la acreditación del estado de salud del trabajador, sino que su inasistencia sea injustificada, situación que puede revertirse con los medios de prueba respectivos.
La sentencia mínima obligatoria, si bien es dura y cercana a la línea, no es manifiestamente desproporcionada en el caso concreto. En primer lugar, teniendo en cuenta el ámbito y el alcance del delito, la sentencia mínima no es tan amplia como para abarcar conductas que presentan un riesgo de daño relativamente pequeño.
La actora inició la gestión preparatoria antes de la entrada en vigor de la Ley Nº21.394 que modificó el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, por lo que procedía dar lugar a la tramitación de la citación sin exigir un juicio declarativo previo.
En total 21 acuerdos fueron revocados, incluida la Carta Social Europea de Derechos Humanos. La decisión fue aprobada tras una iniciativa presentada por el presidente Putin, quien en marzo de 2022 retiró a su país del Consejo de Europa como respuesta a las sanciones por la invasión a Ucrania.
Reclamante renunció voluntariamente a la nacionalidad chilena en el año 2001 luego de adquirir la nacionalidad estadounidense, por lo tanto, en atención al inciso final del artículo 11 de la Constitución, su rehabilitación sólo podrá efectuarse por medio de una ley.
Respecto a las modificaciones de los nombres de accidentes geográficos situados en terrenos fiscales, municipales o bienes nacionales de uso público, el IGM deberá solicitar previamente la opinión del MBN o de las municipalidades.
Lo elementos que dan sustento a la acción penal iniciada contra el solicitante, así como todos los demás documentos probatorios que de ellos se derivan, están irrevocablemente viciados, no siendo posible, en consecuencia, subvencionar la acusación suscrita por la querellante.
