La sentencia expresa que la cuestión constitucional no radica en elucidar si una Ley de Reforma Constitucional requiere o no de esa iniciativa presidencial, sino que revierte en determinar si el legislador a través de una enmienda constitucional tiene o no competencia para avocarse la materia, atribuirle la condición de reforma constitucional a lo que en el fondo es una ley, y actuar de esta forma paralelamente con el Jefe de Estado, o relevándolo derechamente en su función como colegislador.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al condicionar la titulación del recurrente al pago de la deuda.

El Consejo Directivo del Servicio Electoral los determinó en base a la mayor proporción de población indígena mayor de 18 años de cada distrito.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial, debido a que la materia que se pretende uniformar no corresponde a aquellas susceptibles de unificación.

El máximo Tribunal descartó vicio de nulidad o error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda presentada por la empresa concesionaria de estacionamientos en la comuna.

El Tribunal acogió la acción deducida y estableció que las demandadas incurrieron en grave incumplimiento contractual al no pagar remuneraciones y prestaciones previsionales.

En su informe de fondo, la Comisión destacó que los miembros del CAJAR han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada.

Con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

La resolución no está fundamentada. No se basa en un informe médico siendo que el reglamento de la COMPIN le permite recabar antecedentes médicos de los solicitantes.