El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, debido a que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar resoluciones de la autoridad ambiental, materias que deben ser conocidas y resueltas por el tribunal ambiental correspondiente.

El Tribunal de alzada desestimó la reclamación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al estimar que la información sobre las comisiones al extranjero del vicealmirante Ricardo Marcos Vivanco –durante el periodo en que integró el alto mando de la Armada y solo en lo relativo a año, país, duración de la comisión y porcentaje de viático asignado, excluyendo motivos y fechas específicas– es de carácter público.

El requirente estima que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.

La participación ciudadana es uno de los principios que rige el Derecho Ambiental Chileno, el que permite que tanto personas naturales como jurídicas sean incorporadas al proceso de decisiones que lleva a la adopción de políticas y medidas de carácter medioambiental.

La decisión de la Seremi de Educación es arbitraria, pues exige requisitos no contemplados en la normativa vigente y carece de la fundamentación exigida a los actos administrativos.

La Constitución española reconoce a los padres el derecho a decidir sobre la formación religiosa y moral que reciben sus hijos.

Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y el debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.

Las medidas adoptadas por las recurridas no han logrado poner término a la grave situación denunciada, lo que lleva a concluir que no han dado cumplimiento a su deber de eliminar el fenómeno contaminante que motiva la acción.

El fallo declaró el cese sin tener en cuenta las pruebas que demostraban su condición de persona en situación de discapacidad que carece de los ingresos necesarios para subsistir.

La Corte no advierte la falta de precisión que la actora reprochó a los cargos formulados y concluye que, tratándose de una infracción gravísima, la multa interpuesta fue proporcional.